La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó este martes la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión fue adoptada de manera unánime en el marco de la denominada «Causa Vialidad», donde se investigaron presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato.
El fallo confirma la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal que había encontrado a la exmandataria culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No obstante, el tribunal desestimó añadir el cargo de asociación ilícita que había sido solicitado por la fiscalía.
Reacciones y acusaciones de lawfare
Desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, las reacciones no se hicieron esperar. Voceros de su espacio político denunciaron una vez más la existencia de un supuesto «lawfare» y una campaña de «proscripción» en su contra. Según sus allegados, este fallo judicial sería parte de un plan para impedir su participación en futuras elecciones y limitar su influencia en la política argentina.
Otros implicados en la causa
Además de la condena a la expresidenta, la Cámara de Casación también ratificó las penas contra otros implicados en el caso. Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, y José López, exsecretario de Obras Públicas, vieron confirmadas sus condenas por hechos relacionados. En contraste, el tribunal mantuvo la absolución de Julio De Vido, exministro de Planificación, quien había sido desvinculado de las acusaciones en instancias anteriores.
Un caso emblemático para la Justicia argentina
La «Causa Vialidad» ha sido uno de los expedientes más emblemáticos y polémicos en la historia reciente de la Justicia argentina. Las investigaciones se centraron en el desvío de fondos públicos destinados a obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde se sospechó de un entramado de corrupción para beneficiar a empresarios afines al gobierno de entonces.
Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país da un golpe de autoridad, reafirmando la condena contra la expresidenta y elevando el tono de la confrontación política en un año preelectoral clave para Argentina.
Por el momento, los abogados de Fernández de Kirchner no han anunciado si apelarán ante instancias internacionales, aunque todo indica que podrían llevar el caso a la Corte Suprema o incluso a organismos de derechos humanos para cuestionar lo que consideran una persecución política disfrazada de justicia.
Escenario político incierto
La ratificación de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos coloca a Cristina Kirchner en una posición de incertidumbre política, ya que, hasta antes del fallo, se especulaba con su posible candidatura en las elecciones de 2025. Sin embargo, esta condena complica su futuro político y podría reconfigurar el mapa electoral en los próximos meses.
Esta sentencia representa un capítulo crucial en la tensión entre el Poder Judicial y los sectores afines al kirchnerismo, avivando el debate sobre la independencia judicial y el uso de los tribunales como herramientas de persecución política.
El escenario queda así abierto para un nuevo capítulo en la ya larga saga de enfrentamientos entre el kirchnerismo y la Justicia, con un país expectante ante las consecuencias políticas y sociales que esta decisión pueda traer.
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