La coalición La Libertad Avanza (LLA) atraviesa momentos de alta tensión interna tras la reciente publicación de un proyecto de ley por parte de la diputada Lourdes Arrieta, que propone la liberación de represores detenidos por delitos de lesa humanidad. El polémico proyecto, que busca establecer un plazo máximo para dictar sentencias definitivas en casos penales, ha generado divisiones dentro del espacio político liderado por Javier Milei.
El sábado por la noche, Arrieta reveló la existencia de un grupo de WhatsApp donde legisladores de LLA y otros actores discutían la creación de este proyecto de ley, que beneficiaría a militares condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar de 1976. Entre los participantes del chat figuran destacados miembros de LLA, como Alida Ferreyra y Carlos Zapata, lo que ha causado incomodidad y controversia dentro de la coalición.
La publicación de Arrieta ha expuesto las fracturas internas en LLA, con algunos sectores respaldando la propuesta bajo el argumento de «cerrar heridas del pasado» y otros manifestando su rechazo por considerar que pone en riesgo el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia.
El proyecto, que establece un límite de 25 años para la resolución de procesos penales, incluyendo los de lesa humanidad, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que lo ven como un intento de garantizar la impunidad de los represores. En tanto, defensores de la iniciativa sostienen que es necesario descongestionar los tribunales federales y evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales.
La difusión de este proyecto y las conversaciones asociadas han intensificado la tensión dentro de La Libertad Avanza, poniendo en evidencia las divergencias ideológicas y estratégicas que existen en el seno del movimiento libertario. Mientras tanto, la polémica se ha trasladado al ámbito público, con la ciudadanía expectante de las repercusiones políticas que este episodio pueda tener en el futuro de la coalición.
