En una reciente entrevista en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino, conducido por Gustavo Pérez Ruiz, María Luisa Mazzola, dirigente del gremio de trabajadores de la educación SUTEBA, expresó su firme rechazo a la Ley Finocchiaro, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados. Esta ley propone clasificar a la educación pública como un «servicio estratégico esencial», lo que, según Mazzola, tendría implicaciones graves para el derecho a huelga y para el acceso universal a una educación gratuita.
Durante la conversación, Mazzola explicó que el proyecto de ley, impulsado por el legislador de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, busca fortalecer la capacidad del gobierno para intervenir durante los conflictos laborales en el ámbito educativo. “La propuesta es declarar a la educación como un servicio esencial, lo que podría abrir la puerta a su privatización”, afirmó Mazzola. La dirigente argumentó que, al igual que ocurre con la salud y la seguridad, el hecho de considerar la educación como esencial podría llevar a que solo quienes puedan pagar reciban una educación de calidad.
Mazzola también cuestionó la definición de “esencialidad” utilizada en la ley, afirmando que no se alinea con los estándares internacionales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. En contraste, Mazzola sostiene que la educación, aunque vital, no cumple con estos criterios y no debería ser considerada en el mismo nivel que los servicios de salud pública o seguridad.
Además, Mazzola denunció una paradoja en la propuesta legislativa: mientras se intenta declarar la educación como esencial, el gobierno ha reducido significativamente el financiamiento para el sector educativo. «Se han recortado fondos para infraestructura, comedores, y transporte, lo que contrasta con el intento de clasificar la educación como esencial», dijo.
La dirigente resaltó que la educación debe mantenerse como un derecho social garantizado por el Estado y no como un bien que se pueda mercantilizar. “La educación gratuita y pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y convertirla en un servicio esencial podría erosionar este derecho y profundizar las desigualdades”, concluyó.
El rechazo a la ley ha sido casi unánime entre los gremios educativos, que consideran que la medida vulnera tanto los derechos de los trabajadores como los de la comunidad educativa en su conjunto. Mazzola reafirmó que, en caso de que la ley sea aprobada en el Senado, se solicitará su declaración de inconstitucionalidad.
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