En una reciente entrevista en el programa de radio Mon Pergamino de Gustavo Pérez Ruiz, el Dr. Ramón Torres Molina, ex director del Archivo Nacional de la Memoria y abogado constitucionalista, desestimó el reciente pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel de investigar como crímenes de lesa humanidad los actos cometidos por organizaciones armadas en los años 70.
Durante la entrevista, Torres Molina enfatizó que la propuesta de Villarruel carece de sustento jurídico, ya que los actos atribuidos a la guerrilla de la época ya fueron procesados y juzgados por la justicia ordinaria y militar. Explicó que, tras el golpe militar de 1976, los juicios sobre estos actos pasaron a depender de tribunales militares, los cuales, en la mayoría de los casos, no llevaron a cabo procedimientos judiciales adecuados y recurrieron a métodos represivos ilegales, como desapariciones forzadas y homicidios.
El abogado aclaró que los crímenes de la dictadura no fueron juzgados ni siquiera bajo las propias leyes represivas de aquel régimen, y que es una «falacia» afirmar que existen causas abiertas que necesiten ser reabiertas. «Lo que buscan con estas políticas es justificar o aliviar la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos», señaló.
Torres Molina también criticó la tendencia a mezclar los términos de terrorismo y guerrilla, señalando que el terrorismo se define, en el ámbito internacional, como actos cometidos deliberadamente contra la población civil. «Es un concepto muy discutido en los círculos jurídicos internacionales, y es importante distinguirlo de las acciones armadas ocurridas en los 70», agregó.
El abogado concluyó indicando que la narrativa impulsada por la vicepresidenta es un intento de fortalecer políticas negacionistas que no tienen base jurídica ni histórica, y que sólo buscan relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.
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