Por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación (MMGyD), la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en conjunto con
Diputados y Senadores de la Nación, este pasado jueves 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se anunció un trabajo en conjunto para una reforma integral de la
Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales” a través de un proceso
participativo y federal.
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de
violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar
herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto
institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y
organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones
fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado
hacia las violencias por motivos de género.
La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485
pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que
vivimos. La visibilización de las violencias de género, y la forma en
que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, nos ofrece
hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes
dimensiones.
Contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen
en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y
cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener
herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando
se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una
vida libre de violencias.
Con este objetivo, la iniciativa impulsa un proceso participativo,
político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras,
en articulación con el MMGyD, que construya los principales
lineamientos para una nueva ley. El proceso implicará la organización
de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias
del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que
dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de
violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de
género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates
y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo
fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el
25 de noviembre del próximo año.
Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen
contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional,
promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de
género, y afianzar el paradigma de abordaje integral de las
violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio,
permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual
definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y
evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas
públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se
propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos
contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género.
Foros Participativos y Federales hacia la Reforma Integral de la
Ley 26.485
Se realizarán las convocatorias a través del MMGyD en conjunto
con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y
Diputadas de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado de
la Nación.
Se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas
Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y
compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se
proponen, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
Se invitará a participar a actores institucionales, actores
comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas
sobre cada uno de los ejes que se aborden.
La construcción colectiva de la propuesta de Reforma Integral se
realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego se establecerá un
plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley.
Mesas de trabajo
Se convocará a expertos de diferentes áreas a debatir en torno a los
distintos temas prioritarios para el proyecto de reforma de la ley.
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