El Congreso debatirá este 6 de agosto una reforma a la Ley de Tierras Rurales, incluida en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa generó un fuerte debate político y social, con sectores que consideran que favorecerá las inversiones y otros que advierten sobre riesgos para la soberanía y el acceso a la tierra.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto plantea modificar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con distintos bloques, el Gobierno presentó una versión que mantiene límites, pero propone elevar el porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25%.
Además, incorpora cambios vinculados a la protección de la propiedad privada, con modificaciones en procedimientos de desalojo y otros aspectos relacionados con la utilización de los inmuebles rurales.
Los argumentos a favor
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que:
- Permitirá atraer inversiones nacionales y extranjeras.
- Generará mayor desarrollo productivo y empleo.
- Brindará mayor seguridad jurídica a propietarios e inversores.
- Modernizará una legislación que consideran desactualizada.
- Fortalecerá el derecho a la propiedad privada.
Los argumentos en contra
Los sectores que rechazan el proyecto sostienen que:
- Puede favorecer la extranjerización de tierras estratégicas.
- Debilita el control sobre recursos naturales como el agua y zonas de frontera.
- Prioriza intereses privados sobre el interés público.
- Podría facilitar desalojos de pequeños productores y comunidades.
- Representa un retroceso en materia de soberanía territorial.
Organizaciones campesinas, ambientales, pueblos originarios y distintos sectores sociales consideran que la tierra debe mantenerse bajo un régimen de mayor protección por tratarse de un recurso estratégico.
La movilización
Ante el tratamiento del proyecto, diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas y ambientales convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna «La tierra no se vende».
Los convocantes buscan expresar su rechazo a la reforma y pedir a los legisladores que voten en contra del proyecto. Entre los principales reclamos figuran la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la protección de las tierras rurales y el mantenimiento de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Mientras tanto, el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, en una sesión que se anticipa como una de las más relevantes del año y que estará acompañada por manifestaciones tanto a favor como en contra de la propuesta.
