En los últimos días, la comercialización de carne de burro en una carnicería de Chubut generó un fuerte debate a nivel nacional. El producto, ofrecido a $7.500 por kilo en la ciudad de Trelew, despertó sorpresa y controversia en una sociedad poco habituada al consumo de este tipo de carne.
Más allá de la discusión cultural o gastronómica, el foco principal estuvo puesto en la legalidad de la faena y comercialización, y en las exigencias que establece el SENASA para este tipo de prácticas.
Un proyecto piloto bajo control sanitario
La iniciativa es impulsada por el productor Julio Citaddini, quien lleva adelante la cría de burros con destino a consumo. Según se informó, se trató de una experiencia piloto autorizada de manera provisoria por el gobierno de Chubut.
En este marco, la faena y posterior venta de la carne se realizaron bajo controles sanitarios, tal como ocurre con otras especies destinadas al consumo humano. Esto descarta cualquier irregularidad desde el punto de vista sanitario o legal a nivel provincial.
El principal obstáculo: la normativa nacional
El mayor desafío no radica en la legalidad del consumo, sino en las limitaciones del marco regulatorio argentino. Actualmente, no existen frigoríficos habilitados para tránsito federal que procesen carne de burro, lo que impide su comercialización fuera de la provincia donde se produce.
Esta situación no es nueva: en otras regiones del país ocurre algo similar con especies como el guanaco, cuya carne puede consumirse localmente pero no puede distribuirse a otras provincias por la falta de habilitaciones correspondientes.
Además, en Argentina no hay una tradición consolidada de consumo interno de carne equina o similar. Los frigoríficos que trabajan con caballos, por ejemplo, lo hacen exclusivamente para exportación, donde existe una demanda más sostenida.
¿Es legal vender carne de burro?
La respuesta es sí, pero con matices. La faena y comercialización de carne de burro no es ilegal en Argentina, siempre que cumpla con los controles sanitarios y cuente con las autorizaciones correspondientes.
En el caso de Chubut, la experiencia se ajusta a la normativa vigente a nivel provincial. Sin embargo, la falta de infraestructura y regulaciones específicas a nivel nacional limita su expansión.
Un debate abierto
El caso volvió a poner en discusión no solo los hábitos de consumo, sino también la necesidad de actualizar el marco normativo para nuevas alternativas productivas.
Por ahora, la carne de burro es una actividad legal pero restringida, con un desarrollo condicionado por la falta de habilitaciones federales y un sistema que aún no contempla plenamente su comercialización a gran escala en el país.
