El gobierno de Javier Milei decidió suspender el ingreso de la prensa acreditada a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, en una medida sin precedentes recientes que generó fuerte malestar en el ámbito periodístico.
La decisión implica dejar sin efecto las prórrogas de acreditaciones previstas para 2025, al menos hasta que se esclarezcan los hechos que motivaron la determinación. Si bien no hubo una comunicación oficial detallada, trascendió de manera informal que la medida estaría vinculada a una denuncia por presunto “espionaje ilegal”.
El caso se originó a partir de una presentación realizada por el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien denunció ante la Justicia Federal a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, junto a directivos del canal Todo Noticias (TN).
La acusación se vincula con un informe emitido el pasado 19 de abril en el programa “¿Y mañana qué?”, donde, según la denuncia, se habrían utilizado dispositivos de grabación clandestinos dentro de la sede gubernamental. En particular, se señala que Salerno habría recorrido sectores internos utilizando “lentes inteligentes” para registrar imágenes sin autorización, exponiendo rutinas del Presidente y movimientos dentro de despachos oficiales.
De acuerdo a la presentación judicial, el material difundido habría revelado información sensible sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo, incluyendo el ingreso y egreso de funcionarios como Eduardo “Lule” Menem y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ibáñez calificó el hecho como un posible “delito contra la seguridad de la Nación” y solicitó investigar a los involucrados bajo los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de hasta seis años de prisión por revelación de secretos de Estado.
Para el Gobierno, la conducta denunciada habría excedido los límites del ejercicio periodístico y vulnerado las normas de acreditación vigentes (Resolución 1319/2025), constituyendo una intrusión que podría haber comprometido la seguridad del edificio y de sus autoridades.
La medida generó rechazo en distintos sectores políticos. El diputado nacional Maximiliano Ferraro reclamó la restitución inmediata de las credenciales y el acceso a la Casa de Gobierno, al sostener que “no hubo ningún espionaje ilegal”. En la misma línea, bloques opositores comenzaron a elaborar pedidos de informes para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo.
El episodio se da en un contexto de creciente confrontación entre el Presidente y el periodismo. En los últimos días, Milei intensificó sus críticas hacia trabajadores y empresas de prensa, con expresiones dirigidas a figuras como Carlos Pagni y María Laura Santillán.
Mientras tanto, periodistas acreditados en la Casa Rosada se encontraron este miércoles con el acceso bloqueado, lo que profundizó la preocupación por las condiciones de trabajo y el vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación.
