Se llevó a cabo una masiva movilización de gremios docentes hacia el Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a un proyecto de ley impulsado por el gobierno que pretende declarar la educación como un «servicio esencial». Ricardo Fusco, miembro de la Federación de Educadores Bonaerenses, explicó en una entrevista para el programa «La Mañana de la Radio» de LT 35 Radio Mon Pergamino, que la iniciativa busca limitar el derecho a la huelga de los docentes.
Según Fusco, la ley propuesta obligaría a mantener un porcentaje mínimo de docentes en las instituciones educativas durante las huelgas, restringiendo así el pleno ejercicio de este derecho constitucional. «Consideramos que es una medida que restringe y modifica un derecho constitucional, mientras el gobierno no está garantizando mejoras reales en el sistema educativo», señaló.
Además, Fusco criticó la falta de inversión en educación, recordando que el gobierno nacional recortó recientemente fondos destinados al incentivo docente y la conectividad. «Nos están quitando recursos esenciales, y ahora quieren impedirnos reclamar por mejores condiciones laborales y salariales», afirmó.
El dirigente también expresó su preocupación por la posibilidad de que el presidente recurra a un decreto de necesidad y urgencia para implementar la medida de manera inmediata. Aunque destacó que la educación primaria y secundaria depende mayormente de los fondos provinciales, advirtió que un avance de esta naturaleza podría sentar un peligroso precedente a nivel nacional.
Fusco concluyó su intervención resaltando la necesidad de que primero se realicen las inversiones necesarias en infraestructura y salarios antes de discutir cualquier modificación en los derechos laborales de los docentes. «No se trata solo de declarar la educación esencial, sino de que el gobierno cumpla con su responsabilidad de garantizar una educación de calidad para todos», concluyó.
La protesta docente continúa en el Congreso, con la expectativa de que los legisladores escuchen sus demandas y frenen un proyecto que consideran atentatorio contra sus derechos laborales y la calidad educativa en Argentina.
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