El Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Pergamino formalizó un nuevo esquema de intervención para abordar situaciones de violencia en establecimientos educativos, en respuesta a reclamos históricos de gremios, docentes y auxiliares.
La medida, establecida mediante la resolución RFG Nº 05/26, busca garantizar un entorno laboral seguro para los educadores y proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, a través de fiscalías especializadas, un “mapa de situación” local y un enfoque centrado en la justicia restaurativa.
Un contexto que motivó la medida
La iniciativa surge a partir de la creciente preocupación por episodios de violencia en las aulas, que incluyen desde conflictos entre estudiantes hasta agresiones de familiares hacia docentes y personal auxiliar.
Ante este escenario, desde la Justicia se consideró fundamental dar una respuesta institucional que preserve tanto la seguridad de los trabajadores como los derechos de los menores, evitando su estigmatización.
Un respaldo legal sólido
El protocolo se apoya en normativas nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral. Además, incorpora la Ley Lucio, que establece la capacitación obligatoria de los agentes públicos en prevención de violencias.
También se articula con la Ley Provincial 14.750 de convivencia escolar, entendiendo la violencia como un fenómeno complejo atravesado por factores sociales, económicos y de salud mental.
Cómo actuar ante situaciones de violencia
El nuevo esquema establece dos vías de acción claras:
- Acción inmediata (urgencias): ante hechos de violencia en curso o riesgo inminente, se deberá dar aviso a través de los sistemas “Ojos en Alerta” o el 911, pudiendo intervenir la Patrulla Urbana o la Policía.
- Denuncias no urgentes: para casos como violencia intrafamiliar o presunto abuso, se podrá realizar un acta interna o denuncia formal.
Un aspecto destacado es la protección al denunciante: si un docente o directivo teme represalias, podrá canalizar la denuncia a través de instancias educativas que la derivarán al Ministerio Público Fiscal.
Fiscalías especializadas
Para centralizar y agilizar las investigaciones, en Pergamino intervendrá la UFIJ Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, mientras que en Colón lo hará la UFIJ Descentralizada Nº 1, encabezada por Magdalena Brandt.
Esta organización permitirá un abordaje integral de los casos y evitará la dispersión de criterios.
Un enfoque en la justicia restaurativa
Cuando los involucrados sean menores de edad, el protocolo prioriza un modelo de justicia restaurativa, orientado a reparar el daño y promover la responsabilidad del joven, por sobre el castigo tradicional.
En estos casos, podrá intervenir el Programa de Justicia Restaurativa Municipal, con el objetivo de favorecer la reintegración social.
Prevención y trabajo conjunto
La iniciativa también contempla la creación de un “mapa de situación” para Pergamino y Colón, basado en datos concretos que permitan diseñar políticas públicas más eficaces.
Además, se conformará una mesa de trabajo periódica con directivos, equipos de orientación escolar y representantes judiciales, con el objetivo de unificar criterios de actuación y mejorar la comunicación entre las instituciones.
Con este protocolo, la Justicia busca dar una respuesta integral a una problemática compleja, combinando prevención, intervención rápida y un enfoque que prioriza tanto la seguridad como los derechos de los menores.
