Murió el paciente al que se le aplicó un tratamiento con dióxido de cloro por una medida judicial.
El paciente se encontraba en grave estado en el Sanatorio Otamendi y los médicos siguiendo las recomendaciones de la ANMAT (que no autoriza este tratamiento por considerar que no mejora el estado de paciente y genera efectos adversos), se negaban a realizar el tratamiento. Sin embargo el hijo del paciente recurrió a la justicia para solicitar una medida para que a su padre se le realice el tratamiento.
Finalmente el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, determinó que se le administre la sustancia.
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