En una decisión judicial que impacta en la esfera política y económica, un tribunal de Estados Unidos ordenó el 30 de junio que Argentina entregue el 51 % de las acciones de YPF para saldar una condena de US$ 16.000 millones, derivada de la estatización de la petrolera en 2012 .
La sentencia se enmarca en un litigio internacional complejo, que comenzó con demandas por parte de fondos de inversión extranjeros, reclamando compensaciones por la expropiación del control de YPF. El fallo judicial estadounidense representa un cambio significativo en la estrategia legal y financiera del país, dado el peso simbólico y económico de la empresa.
Repercusiones inmediatas
La noticia generó preocupación en diversos sectores del Estado argentino y del mercado energético. Según analistas, esta medida podría afectar la confianza de los inversores y abrir un precedente en disputas similares. Además, trae al primer plano la necesidad de discutir mecanismos alternativos de cumplimiento que no impliquen la pérdida del control accionarial de una empresa estratégica.
