Según explicó, el marco legal actual es sólido, claro y conceptualmente correcto. Sin embargo, quedó atrapado en una realidad donde no hubo financiamiento ni decisión política para implementarlo.
“La ley no falla. Falla su ejecución”, resumió.
En ese punto, el especialista marcó una diferencia clave: una ley no resuelve problemas por sí sola, sino que necesita políticas públicas activas que la hagan funcionar. Y eso —asegura— es lo que nunca ocurrió.
Una idea instalada: ¿la culpa es de la ley?
Uno de los ejes más fuertes de la entrevista fue la crítica a una percepción social cada vez más extendida: que el aumento de los problemas de salud mental es consecuencia directa de la ley vigente.
Para Carini, esto no solo es incorrecto, sino peligroso:
“Es una mentira que se instaló y que hoy mucha gente cree”.
En ese sentido, apuntó también al rol de ciertos medios de comunicación en la construcción de este discurso. Una idea simple, repetida, que termina calando hondo. Y que, según planteó, abre la puerta a decisiones políticas basadas más en percepción que en evidencia.
Reforma o retroceso
Lejos de representar un avance, la propuesta de modificación —según el análisis— implicaría un regreso a esquemas anteriores. Modelos donde la internación vuelve a ocupar un lugar central, con menos controles y mayor margen de decisión concentrado.
Entre los puntos más sensibles, mencionó:
- Flexibilización de internaciones
- Pérdida del enfoque interdisciplinario
- Menor participación del paciente
- Mayor peso del modelo médico tradicional
En otras palabras, un cambio de paradigma:
del paciente como sujeto de derechos… al paciente como objeto de intervención.
Quién gana y quién pierde
El escenario que describe no es neutro. Hay actores que se verían beneficiados y otros claramente perjudicados.
Por un lado, sectores vinculados a la internación y la industria farmacéutica podrían recuperar protagonismo. Por otro, los dispositivos comunitarios, la atención pública y los pacientes sin cobertura quedarían en una situación aún más vulnerable.
Un dato que no pasó desapercibido:
cerca del 40% de la población depende exclusivamente del sistema público de salud.
“Si el Estado se retira, esa gente queda sin respuesta”, advirtió.
La pregunta de fondo
Más allá de lo técnico, la entrevista dejó una reflexión que atraviesa todo el debate:
¿Qué modelo de salud mental quiere la sociedad?
Un sistema con un Estado presente, que garantice derechos, regule y genere dispositivos comunitarios.
O un esquema donde el acceso dependa, en gran medida, de la capacidad de pago.
“No es solo una discusión de leyes. Es una decisión de modelo de país”, planteó Carini.
La charla, volvió a confirmar algo: la salud mental ya no puede quedar en segundo plano. Y entender cómo se gestiona, quién decide y a quién alcanza, es parte de una discusión que recién empieza.
Escucha la entrevista completa:












