El gobierno de Javier Milei avanza con determinación en su plan para privatizar 59 empresas estatales, en lo que representa uno de los ejes centrales de su administración. La privatización masiva, que busca desmantelar lo que el presidente llama «la casta política», ha comenzado con un primer grupo de empresas que abarca sectores estratégicos como transporte, telecomunicaciones, energía, medios y servicios financieros. Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que esta etapa inicial no será la única y que el objetivo es privatizar muchas más empresas en los próximos meses.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Martín Chaher y un equipo de 30 profesionales, tiene a su cargo la tarea de definir las modalidades de privatización. La Agencia, que reporta a Santiago Caputo, se ha puesto como meta concretar el proceso «lo más rápido posible», pese a las complicaciones políticas y económicas que enfrenta la iniciativa. En la Casa Rosada reconocen que la decisión genera resistencias dentro del propio aparato estatal y en algunos sectores empresariales, aunque confían en que podrán sortear estos obstáculos.
El plan de privatización
Entre las empresas bajo estudio se encuentran algunas de las más emblemáticas del país, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, la televisión pública y los bancos Nación e Hipotecario. Aunque todas estas compañías serán analizadas caso por caso, el criterio del gobierno es que deben pasar al sector privado, incluso aquellas que sean rentables, para evitar que en el futuro vuelvan a caer en déficits bajo el manejo estatal. «El presidente está convencido de que, aunque las empresas sean superavitarias, la corrupción política las volvería a hacer deficitarias», afirmaron fuentes cercanas a Milei.
Para cada empresa, el gobierno ha diseñado seis mecanismos que permitirán privatizarlas de diferentes maneras:
1. Privatización total o parcial a través de una Oferta Pública Inicial (IPO).
2. Concesiones de áreas o servicios específicos.
3. Transformación de activos, con ventas parciales o escisiones de partes no estratégicas.
4. Cesión de la empresa a las provincias para facilitar su privatización.
5. Cierre o liquidación de las compañías que no sean viables.
6. Socios estratégicos mediante contratos asociativos.
El proceso se divide en tres fases: la primera, denominada «Definición», tomará entre dos y tres meses e incluirá la evaluación de los balances, el diseño del plan de negocios y la contratación de asesores. Luego vendrá la fase de «Preparación», que implica la publicación de los llamados a interesados y la evaluación de ofertas, también en un plazo de tres meses. Finalmente, la fase de «Ejecución» concluirá con la adjudicación de las empresas en un plazo de uno a dos meses.
Empresas clave en la privatización
Entre las empresas más destacadas en este lote inicial se encuentran Aerolíneas Argentinas, que ya fue catalogada por decreto como sujeta a privatización. Sin embargo, en medios oficiales se reconoce que las condiciones actuales del mercado no permiten una venta directa de la aerolínea. El gobierno está explorando la posibilidad de vender servicios específicos, como los de tierra, simuladores, o incluso parte de la flota. Además, el gobierno de Córdoba ha manifestado interés en recibir los aviones Embraer de la antigua Austral para crear una aerolínea provincial.
Otro caso clave es el de ARSAT, la empresa de telecomunicaciones, que ya anunció su salida a la Bolsa para 2025, con el objetivo de privatizar hasta el 49% de su capital accionario. La venta parcial de ARSAT permitirá captar inversiones privadas mientras se mantiene una participación estatal, al menos de manera inicial.
AySA, la empresa de aguas y saneamiento, también está en la mira. El gobierno planea atraer a un operador internacional para que se haga cargo de la gestión, y analiza abrir el capital accionario en la bolsa, aprovechando la experiencia previa de la compañía en los mercados financieros.
El sector financiero también se verá impactado. El Estado se desprenderá de las acciones que aún conserva en el Banco Hipotecario, y en paralelo avanzará con la venta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En cuanto al Banco Nación, Milei planea transformarlo en una sociedad anónima y abrir su capital a inversores privados.
Desafíos y resistencias
Aunque el plan de privatización cuenta con el respaldo del núcleo duro del gobierno, las dificultades no son menores. En la Casa Rosada admiten que existen numerosos intereses en juego, tanto en el ámbito político como en el económico. En ese sentido, algunos funcionarios señalan que sería necesario contar con una figura de peso como la que representó Roberto Dromi, el «ministro privatizador» durante el gobierno de Carlos Menem, para llevar adelante el proceso con mayor respaldo político.
Asimismo, los convenios laborales vigentes en empresas como Aerolíneas Argentinas representan un obstáculo para concretar las ventas. En fuentes gremiales trascendió que ya han comenzado conversaciones para reformular estos convenios y facilitar la privatización.
El presidente Milei no ha descartado la posibilidad de entregar la propiedad de algunas empresas a los propios empleados, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. «No tendría problema en darle la empresa a los empleados», aseguró el mandatario, en línea con lo expresado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El futuro de las privatizaciones
El gobierno de Milei busca con estas privatizaciones cerrar lo que considera una fuente de ingresos para la corrupción política, y consolidar su modelo de estado mínimo. Aunque el proceso presenta grandes desafíos, en la Casa Rosada aseguran que seguirán adelante y esperan que este primer grupo de 59 empresas sea solo el inicio de una transformación estructural del sector público en Argentina.
