La breve eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas —vigente apenas durante 72 horas— abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los productores agropecuarios. Mientras desde el Ejecutivo defienden la medida y aseguran que el sector fue beneficiado, desde el campo denuncian una maniobra que favoreció exclusivamente a las grandes cerealeras.
La decisión oficial había generado expectativas entre los productores, ya que la rebaja de retenciones estaba prevista hasta el 31 de octubre. Sin embargo, la condición para sostenerla era alcanzar un cupo de liquidación de 7.000 millones de dólares, objetivo que fue cumplido rápidamente por un grupo reducido de grandes exportadoras.
Desde el sector agropecuario sostienen que allí estuvo el núcleo del problema. Según denunciaron, el Gobierno no exigió la acreditación efectiva de la tenencia de granos, lo que permitió que las principales firmas declararan exportaciones futuras y, en apenas tres días, accedieran a una exención que les habría significado unos 1.500 millones de dólares.
Frente a las críticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder públicamente. “No es cierto que los productores no se hayan beneficiado: hoy tienen el precio de la soja más alto de los últimos 25 años y capitalizaron el 60% de la baja de las retenciones”, afirmó.
Las declaraciones generaron una inmediata réplica desde las entidades rurales. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, ratificó que la medida resultó perjudicial para los pequeños y medianos productores. “Las medidas transitorias no generan previsibilidad ni benefician al productor chico”, sostuvo.
Según explicó, cuando se aplican este tipo de alivios impositivos, la mayoría de los pequeños productores ya vendió su cosecha y no puede aprovechar la mejora de precios. “Los que ganan son los que tienen espalda financiera para guardar granos y vender más tarde. Fue un gran negocio y una enorme transferencia de recursos hacia quienes ya estaban en ventaja”, concluyó.
El cruce vuelve a exponer la tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario, en un contexto donde las decisiones fiscales de corto plazo siguen generando fuertes cuestionamientos en el interior productivo.
